jueves, 12 de junio de 2014

La Defensoría y las tierras comunales


En nuestra columna de abril pasado nos referimos al tema de la titulación de tierras agrícolas, demandando atención especial para la situación de las comunidades campesinas y nativas. 
Resulta grato por ello informar que en días pasados la Defensoría del Pueblo publicó el informe N° 002-2014-DP/AMASPPI-PPI, “Análisis de la política pública sobre reconocimiento y titulación de las comunidades campesinas y nativas”, el que fue remitido al Ministerio de Agricultura y Riego.

lunes, 9 de junio de 2014

Las Leyes sobre el agua deben ajustarse a las diversas realidades hídricas del país


Por: Carla Calderón - Urquizo Larco - CEPES

El agua es uno de los recursos naturales más importantes en el planeta, siendo un factor fundamental en diferentes actividades económicas, sociales y culturales, en especial para la agricultura. Sin embargo, muchas veces la gestión del agua se realiza de manera ineficiente. 

En el Perú, la gestión de los recursos hídricos enfrenta diferentes realidades tanto en la costa, sierra y selva. A pesar de estas diferencias, la actual legislación sobre el agua no se adecúa a esta amplia diversidad.
El experto en legislación agraria, Laureano del Castillo, abogado y director ejecutivo del CEPES, plantea la necesidad de implementar políticas adecuadas para la buena administración del agua en las zonas rurales. En la siguiente entrevista analiza las características de la Ley 30157, Ley de Organizaciones de Usuarios de agua, que fue promulgada hace unos meses.

viernes, 6 de junio de 2014

Inversiones responsables en tierras agrícolas


En los próximos meses debe retomarse el proceso de discusión de un documento sobre inversiones responsables en la agricultura, mejor conocido por sus siglas de RAI (Responsible Agricultural Investments). La iniciativa fue originalmente lanzada por el Banco Mundial y otros organismos internacionales, como la FAO, FIDA y UNCTAD, durante una sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas en octubre de 2010, pero fue rechazada por las organizaciones de la sociedad civil.