Han pasado más de cinco años desde la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos2 en el Perú. Se esperaba que esa ley, superando los problemas de la maraña legislativa vigente hasta entonces, ayudara a resolver los varios problemas en torno a la gestión de este recurso en nuestro territorio. ¿Cuánto de lo esperado se ha logrado y cuánto está pendiente?
Repitiendo la experiencia iniciada el año pasado, el Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (Cicaj), del Departamento Académico de Derecho de la Universidad Católica, organiza un interesante encuentro donde académicos nacionales e internacionales, precisamente, analizarán el desarrollo normativo e institucional de la gestión del agua en el Perú, luego de cinco años de vigencia de la nueva ley. Esta reunión, llamada Segundas Jornadas de Derecho de Aguas3, se realizará en Lima entre el 27 y el 29 de agosto próximo.
Los conflictos se apellidan «agua»
Este debate es importantísimo en la actual coyuntura del país, debido a que una buena parte de los conflictos sociales están relacionados con la gestión del agua. La Autoridad Nacional del Agua indicaba, en 2010, que existían 257 conflictos por el agua. El Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo —de junio de este año— da cuenta de 214 conflictos; de ese total, 135 corresponden a conflictos socioambientales, de los cuales la mayoría están relacionados con el agua (por problemas en la cantidad o la calidad de esta).
Un mecanismo creado para enfrentar esta situación es el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, instalado en febrero de este año. El mencionado tribunal ha recibido alrededor de 500 expedientes sobre conflictos hídricos, que datan, incluso, de 2010; hasta mayo, había resuelto solamente 69 de ellos. ¿Es la forma más adecuada y definitiva de enfrentar los conflictos por el agua? ¿Puede ayudar este tribunal a prevenir la aparición de nuevos conflictos por el agua?
Cuando la legislación no fluye
Por otra parte, las nuevas normas para reactivar la economía, como lo anuncian los voceros del gobierno, buscan promover las inversiones privadas, eliminando lo que algunos llaman «barreras para la inversión». Sin embargo, varias organizaciones han advertido los riesgos que esas normas conllevan en el relajamiento de exigencias ambientales. La principal preocupación es respecto al mantenimiento de la calidad del agua si se relajan los controles vinculados a su contaminación. ¿Este «paquetazo ambiental» afectará el avance en la institucionalidad pública que se venía dando en el sector de recursos hídricos?
Asimismo, a inicios del año se aprobó la Ley de Organizaciones de Usuarios del Agua (Ley 30157), lo que generó un fuerte debate entre los regantes (ver LRA 159). Las Segundas Jornadas de Derecho de Aguas pueden ser una ocasión para revisar estos temas, así como el avance en la conformación de los consejos de recursos hídricos de cuenca. ¿Cumplen las normas vigentes con los principios de promover la participación de la población y de gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica? ¿Por qué no se ha impulsado la formación de esos consejos en la zona andina del país?
Por último, en las últimas semanas, El Comercio y otros medios vienen insistiendo en la necesidad de reformar el sistema de empresas prestadoras de servicios de agua potable y alcantarillado, volviendo a ponerse en el tapete la posibilidad de privatizar estos servicios públicos. ¿La legislación actual permitiría dar un paso en esa dirección? ¿Podrán nuestros reguladores enfrentar con eficiencia este reto?
Sin duda, la participación de expertos peruanos, así como de Argentina, Brasil, Chile, México, Canadá y España, en las Segundas Jornadas de Derecho de Aguas, será importante para profundizar un debate que continúa siendo un tema pendiente y poco tratado en nuestro país.
Notas
1 Abogado. Director ejecutivo del Cepes.
2 La Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338) se promulgó el 23 de marzo de 2009.
3 Más información en <www.pucp.edu.pe/nbrdl1>.
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