En estos días vemos protestas en torno al proyecto de ley universitaria que espera debatirse en el Congreso. Los detractores del proyecto claman por el respeto a la autonomía universitaria; los defensores del proyecto recuerdan el actual desorden que ha llevado a la devaluación de los títulos universitarios.
Décadas atrás los reclamos de las dirigencias estudiantiles eran abrir la universidad al pueblo. Hoy, en el Perú y en todo el continente, la situación ha cambiado drásticamente: se ha masificado la educación universitaria pero se ha descuidado su calidad. El drama de los postulantes y sus padres por lograr el ingreso a la universidad se ha cambiado ahora por un simple reclutamiento que deja de lado la búsqueda de los mejores postulantes.
En los debates estudiantiles se demandaba que la universidad no debía estar de espaldas a la realidad. Hoy parece haberse olvidado el compromiso de la universidad con el desarrollo del país. En la competencia por captar alumnos (y sus pensiones) hoy se encuentra carreras exóticas, como ciencias aeronáuticas, ciencias del deporte y educación en idiomas, pero se olvida carreras de mayor importancia para el país.
Muchos reclaman con orgullo ser uno de los más importantes centros de biodiversidad; otros aluden a la necesidad de atender el cambio climático y el cuidado del ambiente. Pero nuestras universidades no forman a profesionales para enfrentar los retos que estos temas plantean a la sociedad y a nuestros gobernantes. Deslumbrados por el crecimiento de la economía, de las ciudades y de las actividades extractivas, se olvida que la agricultura emplea el mayor porcentaje de la población económicamente activa (PEA), que provee la mayor parte de alimentos, que los niveles de desnutrición infantil son aún muy altos, que la mayor parte de las tierras agrícolas hacen parte de las comunidades campesinas y nativas, etc.
La desidia es de todos: autoridades universitarias, estudiantes y del mercado laboral. Para tomar solo un ejemplo, la Política de Estado sobre los recursos hídricos aprobada por el Acuerdo Nacional compromete al Estado a impulsar “la investigación, desarrollo e innovación y su difusión a través de la sinergia entre academia, empresa, Estado y otros en la gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos”. Que el debate del proyecto de ley sirva para romper la inercia.
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