A inicios del año pasado un decreto supremo estableció que la rectoría en materia de saneamiento de la propiedad rural era responsabilidad del Ministerio de Agricultura. Meses después se modificó la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, incorporando dicha función entre las funciones del MINAGRI.
Retrocedamos un poco para entender la importancia de dichas normas. Tradicionalmente las tareas vinculadas a la titulación de predios rurales, incluyendo la titulación de comunidades campesinas y la demarcación de las comunidades nativas, estuvieron a cargo del Ministerio de Agricultura. En 1992 se creó el Proyecto Especial de Tierras y Catastro Rural –PETT-, con el encargo de sanear las propiedades que habían sido expropiadas en el proceso de reforma agraria. Años después, habida cuenta del enorme peso de la informalidad de los derechos de propiedad en el mundo rural, con el apoyo del BID, se impulsó el Proyecto de Titulación y Registro de Tierras, proyecto que se replicó.
En 2007, ante las denuncias de corrupción, el PETT fue absorbido por COFOPRI, curiosamente una entidad encargada del saneamiento de la propiedad urbana. Nuevas denuncias de corrupción hicieron que el mismo gobierno decidiera que las funciones en materia de predios rurales sean asumidas por los gobiernos regionales. En verdad, así estuvo establecido desde 2002, en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Aquí se originó un problema, pues si bien los gobiernos regionales son los ejecutores de esta función, no quedó claro qué entidad del Estado señalaría las pautas comunes y mínimas que debe respetar cada gobierno regional.
Ese conflicto fue el que las normas mencionadas solucionaron. Pero han pasado ya varios meses y se requiere pasar a la acción. Ahora se está terminando de afinar un nuevo proyecto de titulación masiva, con apoyo del BID, y se ha visto la necesidad de priorizar los sectores a atender, pues las necesidades de formalización son muy grandes. Allí es donde pensamos que, a diferencia de los dos proyectos anteriores, debería brindarse mayor atención al problema de falta de títulos y de catastro de las comunidades campesinas y nativas. En otras columnas hemos reclamado el cumplimiento de esta responsabilidad del Estado, por razones de justicia pero también por su innegable aporte a la paz y el desarrollo nacional.
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