No había que ser adivino ni tener una bola de cristal para saber que, tras la publicación del Decreto Legislativo 1015, las protestas de los miembros de las comunidades campesinas y nativas, afectados por dicha norma, se harían sentir. Tampoco fueron suficientes en su momento las opiniones en contra del proyecto de ley 1992-2007-PE (antecedente inmediato del Decreto Legislativo cuestionado), tanto de Defensoría del Pueblo, como de AIDESEP, de organizaciones campesinas y algunas ONG, y menos, al parecer, el dictamen en contra de la Comisión de Pueblos Andino, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
