Debate de la Ley de Aguas ¿una historia sin fin?

Por casi 15 años, aunque con intervalos, venimos debatiendo sobre una nueva ley de aguas sin que se tenga la seguridad de que ahora sí será aprobada. Lo que no admite dudas es la necesidad de enfrentar la compleja problemática de la gestión de este recurso vital, que se agrava por la creciente escasez de este recurso, el cambio climático y el avance de la deglaciación. 

El Congreso formó en la Comisión Agraria a fines de 2006 un grupo de trabajo para revisar las propuestas en torno a una nueva ley de aguas y se tiene ya un documento aprobado. ¿Significa ello que estamos ya en condiciones de discutir el proyecto de ley en el Pleno del Congreso? Creemos que no. Los proyectos de Fujimori han generado temores en amplios sectores, los que piensan que todas las iniciativas de cambio legal apuntan a la privatización del recurso. 

Una lectura atenta del documento muestra que las licencias, los permisos y las autorizaciones se tratan como derechos administrativos (ya no como derechos reales) y se elimina, entre otros aspectos, la posibilidad de transferirlos. No es esa, sin embargo la única objeción. En efecto, a pesar de las mejoras que se han hecho al texto del anteproyecto, se requiere incorporar las peculiaridades de las distintas regiones y zonas del país. 

Descartada la idea de una ley marco, resulta urgente que se evite uniformizar la realidad de la sierra y la Amazonía con la de la costa, donde las organizaciones de usuarios funcionan mucho más. Tampoco se puede dejar de lado la necesidad de consultar a las comunidades y pueblos indígenas, conforme indica el Convenio 169 de la OIT, al cual estamos suscritos, menos aún en un contexto en el cual los conflictos entre las comunidades campesinas y nativas con empresas extractivas se vienen intensificando. Finalmente, un esfuerzo de difusión del proyecto mayor que el desplegado en los años anteriores es indispensable.